La decisión ecuatoriana de duplicar los aranceles a productos colombianos provocó una dura reacción del presidente Gustavo Petro, encendiendo aún más una crisis que ya golpea el comercio y la relación bilateral.
La tensión entre Ecuador y Colombia alcanzó un nuevo punto crítico este 9 de abril de 2026, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificara como una “monstruosidad” la decisión ecuatoriana de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones provenientes de su país. La medida, que entrará en vigor el 1 de mayo, duplica el recargo anterior y marca un endurecimiento sin precedentes en la política comercial ecuatoriana.
Desde el Gobierno de Ecuador se sostiene que la decisión responde a criterios de seguridad nacional, especialmente ante lo que consideran una falta de acciones contundentes por parte de Colombia en el control del narcotráfico en la frontera. Sin embargo, la reacción desde Bogotá no se hizo esperar y elevó el tono del conflicto.
Advertencias, ruptura y una relación en caída libre
A través de sus redes sociales, Petro no solo rechazó la medida, sino que advirtió que esta acción podría significar el fin de la participación de Colombia en mecanismos de integración regional. Además, planteó la posibilidad de redirigir sus alianzas comerciales hacia otros bloques, lo que evidencia el nivel de deterioro en la relación bilateral.
Este nuevo episodio se suma a una cadena de fricciones diplomáticas. Días antes, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá tras declaraciones de Petro sobre Jorge Glas, a quien el mandatario colombiano calificó como “preso político”, generando un fuerte rechazo por parte del Ejecutivo ecuatoriano.
En paralelo, el impacto económico ya comienza a sentirse. La escalada arancelaria —que pasó del 30% al 50% y ahora al 100%— amenaza con debilitar el comercio bilateral, afectando directamente a transportistas, comerciantes y poblaciones fronterizas. Analistas advierten que esta confrontación no solo golpea a los sectores productivos, sino que también pone en riesgo la estabilidad de los acuerdos regionales.
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